“El plan es un documento que hay que revisar permanentemente” – Ángel Pino, director de servicio de Agua - NILSA

La última reunión de retorno del proceso participativo del plan director del ciclo integral del agua de uso urbano puso de manifiesto que “nada está definitivamente cerrado” y que el plan “evolucionará constantemente, aparejado a las demandas y necesidades de las entidades locales, y se irá revisando cada tres o cuatro años”. Así lo recalcó Ángel Pino, director de servicio de Agua en el Departamento de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración Local del Gobierno de Navarra, ante la docena de asistentes a la reunión celebrada en Tafalla el día 14 para los ámbitos de las mancomunidades de Mairaga y Ribera Alta. 
 
Esta explicación resulta significativa dadas las demandas efectuadas en todas las zonas durante las reuniones de retorno sobre ampliación del tiempo de cumplimiento de objetivos, principalmente los de agua no registrada, que establecen que en 2024 las redes deben tener una eficiencia del 75%, mientras que ahora la mayoría está en torno al 40%-30%. Ante las numerosas peticiones en todas las áreas geográficas, los responsables de darlo a conocer incidieron en que se revisarán las medidas y objetivos y se intentará “hacerlas lo más realistas posibles para que la mayoría pueda cumplirlas”. 
 
Durante la reunión también se incidió en que el Ejecutivo central está preparando nueva legislación sobre todos los aparatos de medición (metrología), que se terminará aplicando en todo el territorio estatal. El real decreto abordará la obligatoriedad de instalar contadores inteligentes y cambiarlos cada doce años en diversos sectores, incluido el del agua, lo que previsiblemente hará que el agua no registrada descienda de forma notable. 
 
Por su parte, Iñaki Urrizalki, gerente de NILSA, empresa pública que ha elaborado el plan en colaboración con GAN-NIK y el Instituto de Salud Pública de Navarra, advirtió también de la necesidad de incluir los costes ambientales en el ciclo del agua. “España terminará por tener un expediente sancionador por parte de la Unión  Europea por no informar de forma adecuada sobre los costes del servicio, y esto es muy relevante en el ámbito de los costes medioambientales, de los que no se sabe absolutamente nada. En estos momentos, el Ministerio de Medio Ambiente estudia crear un impuesto específico, los llamados impuestos verdes, para el agua, pero todavía está en una fase muy embrionaria: no se sabe cuándo se implantará, quién lo va a cobrar, si será igual o diferente para las Comunidades Autónomas, etc. Lo que está claro es que es un tema que está encima de la mesa y antes o después llegará”, explicó Urrizalki.
 
En este sentido, el gerente de NILSA aprovechó para explicar también los compromisos de Navarra en la lucha contra el cambio climático, marco en el que el plan director se alza como uno de los principales instrumentos para combatirlo.
 
Así, Urrizalki dio cuenta del proyecto LIFE NADAPTA de adaptación al cambio climático, que Navarra consiguió adjudicarse a finales de 2017. Dotado con un presupuesto total de 15.565.090 euros, de los que la Unión Europea aporta 9.339.054 euros (60%), y el Gobierno de Navarra los 6.226.036 restantes (40%), está liderado por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, y en él participan también los departamentos de Salud (Instituto de Salud Pública y Laboral), de Derechos Sociales, de Desarrollo Económico, y las empresas públicas GAN-NIK, INTIA, NASUVINSA-Lursarea y NILSA, así como la Universidad Pública de Navarra. 
 
Planteado a ocho años, incluye partes dedicadas a analizar la evolución de los recursos hídricos con detalle, sus comportamientos, tendencias, la interrelación con la demanda, las previsiones estadísticas de la misma y otras cuestiones que lograrán establecer parámetros fidedignos para hacer previsiones concretas y por zonas del ciclo integral del agua. 
 
Próximos pasos
 
Con el objetivo de tramitar la ley asociada a este plan director cuanto antes, está previsto presentar el documento de versión inicial definitivo, junto con el correspondiente estudio ambiental estratégico, antes de mayo. Tras el periodo de exposición pública (45 días hábiles) y las conclusiones que se extraigan, el Gobierno de Navarra podrá proceder a la aprobación del plan y a los trámites parlamentarios para la redacción del proyecto de ley, prevista para 2018. 
 
El plan prevé un horizonte temporal de implantación de dos sexenios, que comenzarán en 2019 y terminarían en 2030. Cada sexenio tiene sus propios hitos, que serán revisados en función de las posibilidades de cada entidad local y de los recursos que el Gobierno de Navarra pueda poner a disposición de las localidades. 
 
Última salvedad: Montejurra 
 
Si bien los tiempos están muy ajustados y se hace necesaria la máxima celeridad para llevar a cabo el plan durante este año, todavía queda una parte del proceso participativo sin llevar a cabo: la referente a la Mancomunidad de Montejurra. En esta entidad local están estudiando un informe elaborado por la empresa pública GAN-NIK sobre las captaciones y bombeo de agua desde la sierra de Lokiz (Estudio hidrogeológico sobre la influencia de los pozos de bombeo en el acuífero Alborón-Ancín y el río Ega) y, mientras no tengan listas las conclusiones, que afectarán al desarrollo del plan en esta zona, no pueden organizarse las reuniones deliberativa y de retorno. Previsiblemente será en abril cuando puedan tener lugar.